En el desarrollo de este proceso, el directorio de la Federación Nacional del Ministerio Público, organización que agrupa a 1.200 funcionarios profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de la Fiscalía de Chile, busca relevar ante cada candidato, ante los parlamentarios, ante los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ante la Presidenta de la República, ante todos aquellos que serán parte de este proceso de selección  y, en general, ante la ciudadanía, nuestra opinión acerca de los desafíos que debe enfrentar la persona que sea designada para desempeñar tan alto cargo, tanto en materia laboral como en temas de gestión.

Instalados sobre un escenario complejo, estamos conscientes de que con la reciente aprobación de la LEY DE FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, cuyo plazo de implementación bordea los 3 años, no se logró la dotación mínima que había sido requerida por informes técnicos emitidos, a su turno, por el Banco Interamericano del Desarrollo, por Paz Ciudadana y por la Universidad de Valparaíso. Se trata de un avance importante, pero no de una solución cierta a las expectativas ciudadanas y de los trabajadores de esta institución, puesto que no va dirigida al imprescindible cambio de paradigma ni al desarrollo de nuevas prácticas en la esfera de la gestión, de la persecución penal, del clima organizacional y de los derechos laborales.

Es precisamente en el ámbito de los derechos laborales donde se mantienen aún pendientes una serie de demandas y aspiraciones que deben ser prontamente acogidas y respaldadas, y nos referimos con esto al necesario apoyo que la nueva autoridad de nuestra institución debe otorgarnos en temas prioritarios, entre ellos destacamos:

1.  Reconocimiento pleno y categórico de los derechos de las asociaciones de funcionarios, de la libertad sindical, y de los derechos que emanan de los tratados y convenios internacionales.

2.  Asignación Profesional para estamentos Administrativos y Auxiliares.

3.  Fiscalización Laboral externa y competencia de los Juzgados del Trabajo.

4.  Reforma a procedimientos y reglamentos de responsabilidad administrativa.

5.  Homologación  de las prácticas profesionales.

6. Participación de las asociaciones en las juntas revisoras de calificaciones y en la elaboración de los programas de capacitación.

7.  Mejoramiento y nivelación de bonificaciones por compromisos de gestión institucional respecto de otras instituciones.

8.  Renovación de plataformas y sistemas informáticos de apoyo a la gestión.

Es conveniente y oportuno destacar que la demanda por el reconocimiento de la Libertad Sindical y por la creación de un efectivo sistema de fiscalización laboral, nos ha llevado, incluso, a presentar junto a la ANEF y a la CUT sendas quejas ante la OIT, en su sede central en Ginebra, una de las cuales se sustancia hoy ante el Comité de Libertad Sindical de dicho organismo, dependiente de las Naciones Unidas.

El Fiscal Nacional, por cierto, no es el único responsable en este ámbito. Para el éxito de su gestión, y para avanzar decididamente en estas materias, resulta fundamental que éste cuente con un equipo de trabajo que promueva el buen trato laboral y el respeto por las organizaciones de los trabajadores, y que trabaje permanentemente guiado por los principios que inspiran ese buen trato y el respeto que anhelamos desde hace tantos años; principios que deben definitivamente arraigarse en sus colaboradores más cercanos, a saber, en el Director Ejecutivo Nacional, en su Jefe de Asesoría Jurídica y en el Jefe Nacional Recursos Humanos.

Los trabajadores del Ministerio Público queremos que los temas expuestos en este documento estén, por fin contenidos en el programa de trabajo de los candidatos a suceder al señor Fiscal Nacional, Don Sabas Chahuan, para propiciar efectivamente una política institucional basada en una gestión de excelencia, respetuosa de los derechos laborales y que unifique criterios al interior de nuestra institución, pues somos una sola fiscalía: LA FISCALIA DE CHILE.

FEDERACIÓN NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO